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10 enero 2013

La apostasía como fórmula de asesinato legal en Arabia Saudí


Raif Badawi, ciudadano saudí de 25 años y fundador del sitio web de debate sociopolítico “Liberales saudíes” se encuentra detenido desde el 17 de junio de 2012 en una prisión de Briman, en Yidda. Las acusación que pesa sobre él es la de “establecer un sitio web que menoscaba la seguridad general” y la de “ridiculización de instituciones religiosas islámicas”.

Su juicio comenzó en junio de 2012 ante el Tribunal de Distrito de Yidda y ha estado lleno de irregularidades, entre ellas, según su abogado, el que el juez inicial fuera sustituido por otro que con anterioridad había pedido que se condenara a su defendido por “apostasía”, cargo que puede ser penado con la muerte. El letrado ha impugnado la imparcialidad del juez en la causa.

El 17 de diciembre, dicho tribunal remitió la causa al Tribunal General de Yidda recomendando que Badawi fuera juzgado por “apostasía”. El 22 de diciembre, el tribunal General lo obligó a firmar unos documentos que permitían iniciar su juicio por tal cargo. Seis días después, el 28 del mismo mes, el reo fue trasladado al hospital para ser atendido y descubrieron que había contraído diabetes.

Los cargos contra Badawi tienen su origen en varios artículos que ha escrito, entre ellos uno sobre el Día de San Valentín, cuya celebración está prohibida en Arabia Saudí. Se le acusó de ridiculizar a la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio de Arabia Saudí, más conocida como policía religiosa, porque al final de uno de sus artículos se podía leer: “Nos felicitamos por la Comisión para la Promoción de la Virtud por su afán en conseguir que todos los miembros de la sociedad saudí estemos entre las personas del Paraíso”.

En los cargos contra él se menciona también el hecho de que no eliminara del sitio web artículos publicados por otras personas, entre ellos uno en el que se insinuaba que la Universidad Al Iman Mohamed ibn Saud se había convertido en “guarida de terroristas”.

El de Badawi no es el único caso de activistas de derechos humanos a los que se intenta condenar por dicho delito. Hamza Kashgari se vio obligado a abandonar el país el 6 de febrero de 2012 tras ser amenazado de muerte por algunos clérigos, que lo acusaban de apostasía por unas declaraciones que había hecho en la red social Twitter que consideraban insultantes para el profeta Mahoma.

Un día después de abandonar el país, el rey Abdulá bin Abdulaziz al Saud ordenó al Ministerio del Interior que lo detuviera y le hiciera rendir cuentas por sus declaraciones. Las autoridades malaisias, que no lo acusaban de ningún delito, lo detuvieron el 9 de febrero, a su llegada al aeropuerto para tomar un vuelo a Nueva Zelanda y lo entregaron a las autoridades saudíes pese a los llamamientos de organizaciones locales e internacionales para que no lo devolvieran a Arabia Saudí. Desde entonces se encuentra detenido.

Las autoridades saudíes someten a hostigamiento a los defensores de derechos humanos y a las personas críticas con el gobierno de manera sistemática, tanto por medio de los tribunales como con medidas arbitrarias como prohibirles viajar. Dicha represión se ha visto especialmente intensificada recientemente.

En dicho país, los procedimientos judiciales no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos; raras veces se permite a los acusados contar formalmente con un abogado y en muchos casos no son informados de la marcha del procedimiento. Además, pueden ser declarados culpables sin más pruebas que confesiones obtenidas con coacción o engaño. La pena de muerte está en pleno vigor por una amplia variedad de delitos, incluido el de apostasía.

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