Se han dictado otras cuatro condenas contra el dirigente comunitario U Sein Than por participar en una serie de protestas pacíficas en Myanmar. Actualmente se enfrenta a dos años de cárcel por el simple ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. También se han presentado cargos contra su hija y otras cuatro personas por protestar sin permiso.
El 9 de septiembre, U Sein Than fue condenado a cuatro meses de cárcel en aplicación de la Ley Municipal de Yangón. Ya había sido condenado a cuatro meses de prisión el 29 de agosto, en aplicación del artículo 18 de la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas, por organizar una sentada de protesta pacífica, que actualmente continúa, al junto al parque Maha Bandula, cerca del ayuntamiento de Yangón.
La sentada era en protesta por la inacción de las autoridades myanmaras respecto a la disputa sobre tierras de su comunidad de Michaungkan (Yangón), que denuncia que el ejército myanmaro confiscó sus tierras a comienzos de la década de 1990 y quiere que se las devuelvan. El cargo presentado en virtud del artículo 18 tiene que ver con manifestarse sin autorización y con obstrucción de la acera.
El 25 de agosto, a U Sein Than lo condenaron además a cuatro meses de cárcel, y el 10 de septiembre a otros cuatro por protestar sin permiso contra su orden de detención ante el edificio del Tribunal del Distrito de Latha, en Yangón, el 21 de mayo de 2014, junto con otros miembros de la comunidad de Michaungkan. Ahora ha sido declarado culpable de cinco cargos de violación del artículo 18 y uno de violación de la Ley Municipal de Yangón, por todo lo cual ha sido condenado a dos años de cárcel.
El 11 de agosto, el Tribunal del Distrito de Pabedan abrió acta de acusación formal contra Nae Nway Than, la hija de U Sein Than, y otras cuatro personas en virtud del artículo 18 de la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas por protestar en el tribunal sin permiso. Sin embargo, la hija del activista afirma que no protestaban, sino que se limitaban a asistir a la vista de su padre.
U Sein Than ya había sido condenado a ocho meses de cárcel el 19 y el 20 de agosto por protestar sin permiso, en aplicación del artículo 18 de la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas, en relación con la protesta del 21 de mayo y por dirigir otra protesta pacífica en abril de 2014 ante el domicilio de la dirigente de la oposición Aung San Suu Kyi, pidiéndole que ayudara a la comunidad de Michaungkan. Fue detenido el 31 de julio y actualmente está en la cárcel de Insein de Yangón.
Than es el miembro más destacado de la comunidad de Michaungkan. La sentada de protesta junto al parque Maha Bandula fue precedida por otra similar que comenzó en noviembre de 2013 en la Pagoda de Myasaryan de Yangón. Esa protesta finalizó el 11 de diciembre de 2014, cuando los lugareños acordaron abandonarla durante tres meses después de que el Comité Parlamentario de Investigación sobre Terrenos Agrícolas decidiera investigar su caso. El Comité no resolvió la disputa, y la sentada de protesta se reanudó en marzo de 2014.
Las autoridades de Myanmar siguen deteniendo y encarcelando a activistas y defensores de los derechos humanos por el simple hecho de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, consagrados en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Amnistía Internacional siente preocupación por una serie de leyes de Myanmar que restringen los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, como la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas, que se ha utilizado para detener y encarcelar a decenas de activistas y defensores de los derechos humanos pacíficos desde su promulgación en 2012.
Tras las presiones dentro y fuera del país, la ley fue modificada por el Parlamento, y el presidente promulgó el nuevo texto legal el 24 de junio de 2014. Sin embargo, la ley modificada sigue sin ajustarse a las leyes y normas internacionales de derechos humanos y deja a los defensores de los derechos humanos y los activistas políticos en peligro constante de detención y encarcelamiento por el simple hecho de ejercer pacíficamente sus derechos humanos.
Amnistía internacional sigue recibiendo informes sobre las malas condiciones de reclusión en Myanmar, que no se ajustan a las establecidas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de la ONU. Preocupa la falta de acceso a tratamiento médico, agua potable, alimentación adecuada y agua para asearse.
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