El entramado administrativo de la Junta de Andalucía esconde en sus entrañas un complejo e intrincado armazón económico que mueve miles de millones de euros al año. En sus entrañas se esconden también esas irregularidades que llaman nuestra atención desde los titulares de los periódicos y que, cuando desembocan en algún juzgado de instrucción, suelen acabar metamorfoseándose en un escándalo de enormes magnitudes. Véase lo que está ocurriendo con el caso Ere, el de los cursos de formación o el de la adjudicación de la Mina de Aznalcóllar, por poner sólo algunos ejemplos.
A veces me pregunto si este tipo de actuaciones están regidas por algún tipo de arbitrariedad o, por el contrario, están más que bien pensadas y planificadas sabiendo a ciencia cierta y de antemano quiénes van a ser y por qué lo beneficiarios finales del escarnio al dinero de todos. La mayoría de las veces nos quedamos con el grueso de la información, con lo que más morbo provoca, y pocas ocasiones profundizamos para intentar advertir qué es lo que de verdad se esconde tras la nebulosa inicial del escándalo.
Traigo como ejemplo la información que publicó hace pocos días Andalucía Información bajo el titular “Una filial de Ence recibió 1,7 millones para 14 prejubilaciones no justificadas”. En ella la periodista Virginia González da cuenta de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado al juzgado encargado de instruir el caso Ere en el que se detecta que las ayudas de la Junta de Andalucía a la empresa Ibersilva SA, filial de Grupo Ence, concedidas entre 2003 y 2004 para financiar 14 prejubilaciones y con un importe de 1,7 millones de euros, fueron concedidas “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
El mismo documento destaca que en el expediente no consta “documentación alguna sobre la empresa Ibersilva SA y su actividad ni sobre el proceso que realizó para llevar a cabo el plan de prejubilaciones”. Además destaca que la documentación es “incompleta, fragmentaria y no posee orden cronológico o sistemático alguno, careciendo del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos”. Palabras mayores todas ellas.
Existen otras preguntas que convendría también responder. ¿Qué es Ibersilva?, ¿atravesaba una situación de crisis que hacía necesaria la intervención de la administración para salvaguardar la viabilidad de la empresa y los sacrosantos puestos de trabajo?, ¿cuáles eran sus relaciones con la administración andaluza por entonces? Las respuestas, como casi siempre que anda una administración pública de por medio, rara vez son diferentes al silencio sepulcral.
Lo que sí se pueden aportar son algunos datos contrastables para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones. Siendo una filial de un grupo tan poderoso como Ence, lo de las dificultades económicas para prejubilar a un grupo de tan sólo 14 trabajadores suena como a cuento chino. Pero es que si se acude a los datos publicados en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el asunto causa cuanto menos sorpresa.
Las adjudicaciones a dicha compañía se remontan a 1986 y la última data de octubre de 2010. En total, más de 72 millones euros en contratos bien en solitario o formando UTEs con otras empresas. Además, en los años en los que se concedió la ayuda de marras, 2003 y 2004, las adjudicaciones superaron los 3,5 millones en cada uno de ellos. A partir de entonces, el nivel de adjudicaciones cada año no para de crecer, alcanzando su cénit en 2006, con más de 16 millones, y concluyendo con los más de 320.000 adjudicados en 2010. Eso sólo en adjudicaciones de la Junta, sin contar las que pudiera tener de otras administraciones o de contratistas privados. ¿Es esta el volumen de negocio característico de una empresa en crisis? Resulta difícil de creer.
Añádanle pequeños detalles como que en marzo de 1995 recibió más de 6 millones de euros en subvenciones para Formación Profesional Ocupacional de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales. En enero de 2008 otros 92.876,96 euros de la Dirección General Andaluza de la Energía en incentivos por reducción del consumo energético. Que en noviembre de 2010 participa en un viaje a Angola y Mozambique sufragado por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) para “detectar las oportunidades de negocio detectadas por los planes de desarrollo de ambos países”. Y que la Empresa de Gestión Medioambiental SA, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, participó en 2002 en diferentes UTEs de las que formaba parte Ibersilva, según un informe de la Cámara de Cuentas. En fin, que por falta de mimo que no quede.
Y finalmente analicen la composición del consejo de administración del buque insignia del grupo, la empresa Ence Energía y Celulosa SA. En el que como Presidente y consejero figura Juan Luis Arregui Ciarsolo, que cuenta con una fortuna personal estimada por Forbes en 450 millones de euros, al igual que el inversor y consejero Victor Urrutia Vallejo que ha sido vicepresidente de Iberdrola y consejero de Barclays, y también según Forbes con una fortuna personal de 450 millones.
Entre el resto de consejeros también aparecen Pedro Barato Triguero, presidente del sindicato agrario Asaja y de la Federación Española de Autónomos, integrada en la CEOE, Isabel Tocino Biscarolasaga ministra de Medio Ambiente con el PP entre 1996 y 2000, Fernando Abril-Martorell Hernández, Ignacio de Colmenares y Brunet, empresario de dilatada trayectoria profesional, José Guillermo Zubia Guinea, consejero que fue secretario general de la patronal vasca Confebask, José Antonio Carlos Del Álamo Jiménez, ex consejero de medio ambiente de la Xunta de Galicia y una de las víctimas políticas del Prestige, entre otras ocupaciones, y otros como Pascual Fernández Martínez, Gustavo Matías Clavero y Javier Echenique Landiribar.
Así hasta el infinito y más allá. Perfiles todos ellos, como se puede comprobar, de empresarios harapientos y en muy duros apuros, que es lógico que las pasen canutas para pagar las nóminas de sus empleados cada final de mes. Las conclusiones os las dejo a vosotros.
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